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18 may 2012
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ENE reclama que el catalán sea un requisito en la función pública

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Los representantes de ENE en una comparerenciaEl secretario general de l'Entesa Nacionalista i Ecologista (ENE), Maurici Cuesta, y el portavoz parlamentario de PSM-Entesa, Biel Barceló, han explicado las principales iniciativas parlamentarias que quieren emprender.

Los nacionalistas ibicencos reclaman que las Pitiusas cuenten con una delegación de Educación con capacidad ejecutiva y piden que se garantice que el catalán sea un requisito para el acceso a la función pública en las Baleares.

Además, ENE quiere evitar una ley de medidas territoriales específica para Eivissa que implique una rebaja de la protección, propone instar al ejecutivo a pagar los 20 millones de euros que el Govern debe al Consell insular, pedir la transferencia de la competencia en promoción turística así como conseguir una ley del transporte urbano y una del taxi para solucionar los problemas de movilidad. 

Barceló ha criticado también la falta de actividad por parte del Govern y lamenta que no se haya puesto en marcha ninguna medida para potenciar la ocupación laboral.

Asimismo, Berceló ha alertado sobre las previsiones de la Conselleria de Salud de eliminar las urgencias de los centros de salud para intentar “recortar económicamente” los centros, una medida que, según ENE, significaría “un colapso de los servicios de urgencias y volver a saturar las urgencia en el Hospital Can Misses”.

El IEE también se suma al rechazo de la eliminación del catalán

El Institut d'Estudis Eivissencs (IEE) ha rechazado hoy el anteproyecto de ley que pretende eliminar el catalán como requisito para acceder a la función pública.

El IEE recuerda que la propuesta es contraria a la Constitución, el Estatuto y la Ley de Normalización Lingüística, además de considerarlo “discriminatorio” para los catalanohablantes, ya que no tendrán “garantizado el derecho de ser atendidos en su lengua”.

Desde el IEE añade que esta medida supone un “ataque a la lengua propia de Baleares” y la tildan de “propuesta regresiva, sin precedentes en democracia y que rompe el consenso en política lingüística”.

Por último, el IEE considera que se trata de un “menosprecio hacia la lengua propia que puede influir negativamente en la convivencia y la cohesión social”. Volver al inicio


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