El Comité de los trabajadores de la empresa Servicios Sanitarios Generales (SSG) contratada por el Ib-Salut para el Transporte Sanitario (061) ha informado que -como resultado de la reunión de ayer ante el TAMIB con responsables de la empresa y el subdirector de Relaciones Laborales del Ib-Salut y tras mas de 5 horas de reunión- "ha sido imposible llegar a un acuerdo en ninguno de los puntos". (Ver noticia anterior)
Aunque el Comité de Huelga había decidido renunciar a 10 de los 13 puntos (incluido el relativo al aspecto económico, limpieza de uniformes, medidas de seguridad, etc, para no basar la huelga en un tema económico), a fin de desconvocar la jornada de protesta, "por parte de la empresa no ha habido ninguna intención de negociar y evitar las movilizaciones de los trabajadores", acusa el Comité.
Asimismo, la empresa mostró su desinterés y falta de voluntad de diálogo con los trabajadores al negarse a estar en la misma sala que los representantes sindicales, algo impropio en un intento de conciliación.
"Desinterés" del Ib-Salut
Por otra parte, el Comité asegura que la postura de la Administración ha sido "la de escuchar y en ningún momento ha llegado a aportar nada, limitándose a decir que es la empresa la que tiene la potestad de poner más personal y vehículos".
Además, critican el "desinterés importante" del Ib-Salut en colaborar y solucionar el conflicto, provocando así que se ejecute el proceso de huelga en los puntos en los que la Administración "tiene el poder de obligar a la empresa al cumplimiento de los mismos".
Los trabajadores denuncian que el Ib-Salut "desconoce los recursos tanto humanos como materiales con los que la empresa está llevando a cabo el servicio" y que pasa por alto el hecho de que no se estén cumpliendo las condiciones mínimas establecidas por contrato.
Por lo tanto, los trabajadores mantendrán el calendario de huelga, teniendo previsto realizar las primeras acciones el próximo lunes 29 de marzo, dejando bien claro que "la única responsable de estas movilizaciones será la empresa" y que ésta se llevara a término "por la incompetencia de la Administración en controlar el servicio que tiene adjudicado". Volver al inicio
