El magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Antonio Capó, decretó hoy una fianza de responsabilidad civil de 2.940.380 euros para el ex-conseller de Comercio en la pasada legislatura, Josep Juan Cardona, lo que supone una rebaja de 1,9 millones de euros respecto a los 4,8 millones que solicitaron los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, así como la acusación particular en nombre del Govern, el pasado 21 de abril.
Así lo informaron fuentes judiciales, que señalaron que Cardona tiene un plazo de 24 horas hábiles para pagar la caución, es decir, hasta el lunes a las 14 horas, al tiempo que indicaron que el auto del magistrado establece que se decretará el embargo de bienes suficientes para cubrir la fianza, en caso de que el ex-conseller no la abonase.
Por su parte, Cardona tiene un plazo de tres días para interponer un recurso de reforma y apelación contra el auto judicial, mientras que también tiene cinco días para presentar un recurso de apelación. Así, el recurso de apelación podrá interponerse subsidiariamente con el de reforma o por separado y en ningún caso será necesario interponer previamente el de reforma para presentar la apelación, tal como establece el artículo 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El juez decretó la citada fianza de 2,9 millones de euros por los posibles daños económicos derivados de la supuesta implicación de Cardona en los hechos investigados en el marco del caso Scala, que investiga la presunta trama de corrupción urdida la pasada legislatura en torno al Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB).
Interrogatorio durante más de tres horas
Cabe recordar que la petición de la Fiscalía se produjo después de que el parlamentario del PP fuese interrogado durante más de tres horas, en calidad de imputado, durante el pasado 21 de abril, en el marco del caso Scala.
Durante su declaración, aseguró no tener ninguna vinculación con sociedades que en la pasada legislatura resultaron adjudicatarias de diversos contratos por parte del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), a través del cual se desviaron presuntamente unos cinco millones de euros.
En concreto, en el marco de esta causa se investigan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas, falsificación documental, cohecho y fraude a la Administración, que habrían sido cometidos a través de la mencionada presunta trama, dirigida por la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, el ex director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y ex-conseller de Comercio en la pasada legislatura, Josep Juan Cardona, para beneficiar a empresas de personas allegadas y que habría supuesto el desvío de unos cinco millones de euros públicos. Volver al inicio
