Así lo informó hoy en un comunicado el sindicato CSI-F, que señaló que esta obligación se traslada al Govern a partir de que asuma las transferencias en materia de personal y que supondrá un gasto añadido de unos 300.000 euros anuales. Se trata de una sentencia emitida a raíz del recurso contencioso-administrativo interpuesto
por el sindicato contra el Real Decreto 1033/2007, de 20 de julio, del Ministerio, por el que se determinan los puestos tipo de las unidades que integran las oficinas judiciales.
Tal y como manifestaron desde la entidad sindical, esta resolución judicial es consecuencia de la gestión del ex ministro de Justicia, Maria Fernández Bermejo, debido a su "cerrazón y nula capacidad de diálogo para negociar con los sindicatos las desigualdades en materia retributiva entre los funcionarios de justicia con los diferentes órganos judiciales.
Asimismo, consideraron "preocupante", con vista a las transferencias de justicia, que el Ministerio "continúe ninguneando a los representantes de los trabajadores negándose a negociar la puesta en marcha de la nueva oficina judicial" -Palma ha sido designada ciudad piloto- y "trasladando así el problema al Govern lo que aumentará aún más las dificultades de financiación que ya de por si tienen las transferencias a nuestra Comunidad".
De este modo, CSI-F consideró que la Justicia "necesita una urgente y profunda reforma", por lo que ante la puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial "tienen el derecho a participar los funcionarios que son los que sostienen el sistema, ya que sin ellos el trabajo de jueces, fiscales y secretarios judiciales sería imposible".
Es por ello que el sindicato exigió que se abra "de inmediato" una mesa de negociación para tratar "con la suficiente profundidad los puntos que afectan a las condiciones de trabajo antes de que continúen con el desarrollo del plan de modernización".
